Estimado cliente,

Le informamos de que durante esta semana se han celebrado nuevas declaraciones de altos directivos de otras entidades bancarias que siguieron muy de cerca la situación, y posible compra, de Banco Popular en los meses previos a su resolución.

Para el director de operaciones corporativas de Banco Sabadell, el valor de Banco Popular era negativo, llegando a la conclusión de que tenían que ajustar 1.700 millones de créditos dudosos que no estaban bien contabilizados. Asimismo, observaron que se valoraba suelo urbano como rústico, existiendo una sobrevaloración en las tasaciones, que provocaba un déficit de 4.200 millones de euros.

En términos similares se pronunció el director de estrategia y fusiones y adquisiciones de BBVA, sosteniendo que había que hacer aprovisionamientos de más de 6.000 millones para cubrir créditos de dudoso cobro y adjudicados. Según el directivo, esta falta de provisiones podría venir de mucho tiempo antes de la ampliación de capital de 2016.

También declaró el director de Bank of America Merrill Lynch International, entidad que se dedicó a evaluar una posible ampliación de capital de Banco Popular en 2017. Para Bank of America, uno de los problemas de Banco Popular era la valoración de sus activos, cuyas tasaciones estaban sobrevaloradas y estimaban que el banco precisaba de 5.000 millones para provisiones.

Al margen de las entidades citadas, también declaró un antiguo empleado de Bankia que, según él, fue testigo de las sospechosas operaciones financieras del Grupo Thesan Capital, recordemos, presunto conjunto de sociedades pantallas domiciliadas en Luxemburgo a través de las que Banco Popular concedía créditos.

En nuestra opinión, este tipo de informaciones refuerzan la postura que Unive Abogados mantiene en el seno de este procedimiento inspector: Banco Popular incurrió, entre otros, en delitos continuados de falsedades societarias y delitos contra el mercado.

Así, aprovechamos la ocasión para recordarle que se ha ampliado la fecha límite para concluir la instrucción de la causa sobre Banco Popular el próximo 29 de enero de 2022, momento en el que finalizarán todas las diligencias necesarias para valorar si procede la previsible apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

En este sentido, hemos de precisar que este plazo resulta sumamente importante porque es el que marca la posibilidad de personarse en la causa como afectado, debiéndose tener en cuenta, además, que solamente aquellos que intervengan en el proceso penal mostrándose como parte tendrán garantizado el acceso a la posible indemnización derivada la comisión de tales delitos.

 Por tanto, dicha personación cobra especial importancia para aquellos inversores que aún no hayan obtenido sentencia firme por la vía civil y, sobre todo, para aquellos inversores cuya acción de responsabilidad civil ha prescrito, es decir, aquellos que adquirieron sus acciones en bolsa (no en las ampliaciones de capital) y que no han interpuesto demanda civil ni interrumpido dicho plazo mediante algún tipo de reclamación extrajudicial.

Así pues, si lo desea, en el formulario que figura a continuación los afectados pueden calcular sin compromiso los costes de su intervención en el procedimiento penal:

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