La Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de Barcelona se alinea con la doctrina más reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y aplica de forma directa la indemnización del despido improcedente a un funcionario interino, superando la tradicional reticencia de este orden jurisdiccional a conceder una indemnización por abuso en la contratación temporal.

Frente a esta postura tradicional, que denegaba esta indemnización, bien por no estar explícitamente regulada en la legislación interina, bien por intentar encauzarla por la restrictiva vía de la responsabilidad patrimonial, esta reciente Sentencia ha dado un giro radical a la materia.

El trabajador vino prestando servicios como funcionario interino del Cuerpo de Maestros desde septiembre de 2015 hasta agosto de 2024, fecha en la que obtuvo plaza fija, mediante la concatenación de sucesivos nombramientos temporales.

Aunque el docente logró finalmente acceder a la condición de funcionario de carrera tras superar los correspondientes procesos selectivos, la Sentencia deja claro que la adquisición de la fijeza posterior no borra ni neutraliza la situación objetivamente abusiva sufrida durante los años de interinidad. Asimismo, pone de relieve que sobre la Administración recaía la carga de probar que la contratación no atendía a necesidades permanentes y estructurales propias de los funcionarios de carrera, prueba indispensable para desvirtuar la existencia de un uso abusivo de la temporalidad.

La resolución judicial cobra un valor excepcional al abordar directamente el vacío del ordenamiento jurídico español para sancionar el abuso en la contratación temporal en el sector público. Fundamenta así su decisión en la histórica Sentencia del TJUE en el Asunto Obadal, desmontando los principales argumentos de la Generalitat de Catalunya.

Lo verdaderamente reseñable de este fallo, logrado por Unive Abogados, reside en el salto cualitativo sobre la cuantía indemnizatoria. El juzgador descarta la indemnización de 20 días por año al considerar que esta no resarce el perjuicio derivado del abuso de la temporalidad, y expresamente reconoce el derecho a percibir una indemnización equiparable a la prevista para el despido improcedente en el orden social: 33 días de salario por año de servicio.

Esta resolución marca un punto de inflexión decisivo en el ámbito de la función pública. Supone la constatación de que los Tribunales del orden Contencioso Administrativo pueden, y deben, por mandato del Derecho de la Unión Europea, acordar indemnizaciones disuasorias para el personal temporal que haya sufrido abuso en la contratación temporal.

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