Los investigadores de Unive Servicio Legal venían sosteniendo desde el primer momento que la acción de responsabilidad patrimonial del Estado debía basarse solamente en los daños que efectivamente fueran consecuencia directa de la inactividad administrativa. La Sentencia de la Audiencia Nacional de 5 de febrero de 2010 ha puesto de manifiesto lo acertado de nuestras apreciaciones. El Tribunal ha aprovechado la falta de unidad argumental de los reclamantes, la falta de homogeneidad en los criiterios de reclamación del daño (todos los reclamantes solicitaban indemnizaciones similares partiendo de circunstancias completamente distintas) y el excesivo número de recu....