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martes, 17 de septiembre de 2019  
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Participaciones preferentes: responsabilidad de entidades financieras

Los tribunales garantizan a los afectados por la venta de preferentes la recuperación de la inversión. El Tribunal Supremo así lo ha declarado y su decisión es vinculante para el resto de jueces y tribunales, por lo que en UNIVE Abogados ofrecemos la posibilidad de reclamar sin ningún riesgo de costas. Sin embargo, las acciones están próximas a caducar: en la mayoría de los casos los preferentistas disponen de apenas unos meses para plantear sus reclamaciones.

Las llamadas “participaciones preferentes”, que las entidades financieras han comercializado, generalmente, como si fueran “obligaciones”, son productos que aúnan todos los inconvenientes de los productos de alto riesgo y muy pocas de las ventajas (STS de 18 de abril de 2013). Aparentemente se presentan como productos de renta fija, es decir, aquellos que tienen una rentabilidad pactada previamente y una fecha de amortización. Sin embargo, la introducción de cláusulas que hacen depender la rentabilidad de la disponibilidad de fondos, y la ausencia de plazo de amortización, que suele introducirse solamente a favor de la entidad emisora, convierten el producto en una inversión a perpetuidad, con nula liquidez, y cuya rentabilidad depende de la voluntad de la propia entidad participada.

En resumidas cuentas, nos hallamos ante productos (participaciones preferentes) que han sido comercializados como “garantizados” y que se convierten en inversiones con escasas posibilidades de recuperación y nula rentabilidad.

Ante tal situación, el particular afectado por la suscripción de un producto de cuyas verdaderas características no ha sido informado, tiene varias opciones de impugnación que la ley le concede con independencia de lo que dijera expresamente el contrato que firmó. Dichas opciones deben ser valoradas atendiendo a la situación concreta del afectado, no existe una regla general para todas las situaciones. En ocasiones, cabe impugnar el contrato de manera íntegra por “dolo” (engaño) o “error”, mientras que en otros casos será más aconsejable solicitar una indemnización por los perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento contractual de quien debió asesorar adecuadamente a su cliente

En la actualidad, las acciones que mejor acogida tienen ante los tribunales son las de nulidad por vicio del consentimiento "por error". Sin embargo, tales acciones tienen un plazo de caducidad tras el cual ya no pueden interponerse. La caducidad en cada caso depende del día de inicio del cómputo, que se fija atendiendo a una serie de factores que deben examinarse de manera individual. En cualquier caso, podemos afirmar que la mayoría de las acciones de nulidad están muy próximas a caducar: quedan apenas unos meses para reclamar por vicios del consentimiento.

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