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lunes, 25 de mayo de 2020  
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La incapacitación judicial protege en casos de enfermedad degenerativa

Dice el artículo 199 del Código Civil: “Nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la ley”. Nuestro ordenamiento jurídico, así como nuestros tribunales, han declarado que el derecho a la personalidad jurídica de las personas, consagrado en el artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, reconoce que toda restricción de la capacidad de obrar afecta a la dignidad de la persona y a sus derechos reconocidos en la Constitución Española. Ninguna persona podrá ser despojada de tales derechos a excepción de que la limitación sea expresamente declarada por un Juez mediante un procedimiento judicial de incapacitación judicial, llevado a cabo con todas las garantías previstas en la Ley.

La situación se torna delicada para aquellas personas afectadas por enfermedades degenerativas (alzheimer, trastornos neurodegenerativos, etc), las cuales han visto como su capacidad de obrar y de buen gobierno se ve menguada progresivamente por el desarrollo de la enfermedad, hecho que afecta de manera directa tanto al desarrollo de su vida cotidiana como a la administración y gestión de sus bienes. Elementos básicos en el tráfico jurídico como la firma de un contrato bancario, un consentimiento médico o cualquier toma de decisión, son decisiones que podrían llegar a tener consecuencias traumáticas para tales y que pueden ser evitadas siguiendo el procedimiento adecuado.

Con la exclusiva finalidad de proteger los intereses personales y patrimoniales de tales personas, la legislación ha previsto el procedimiento de incapacitación judicial como el medio adecuado de complementar tal falta de capacidad de obrar sufrida, en busca de defensa de los legítimos derechos de los que el presunto incapaz ya no puede hacerse cargo por sí mismo. Para ello, es necesario dejar de lado miedos y prejuicios por parte del entorno del presunto incapaz y apreciar la necesariedad de velar por la protección de  los derechos del enfermo.

El procedimiento judicial de incapacitación puede ser iniciado por el propio presunto incapaz (si dispusiere de suficiente capacidad de raciocinio), por el cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos. A través del procedimiento judicial regulado y siempre canalizado por el Juez, se llevarán a cabo diversos trámites a fin de determinar la necesariedad o no de la declaración de incapacidad, la cual, será declarada mediante Sentencia. Tal resolución incluirá, no solo la declaración de incapacidad de la persona enferma, sino el grado y alcance de la misma, así como la fijación de los distintos medios de protección personal y patrimonial que deberá regir la nueva situación. También se podrá designar la persona que se encargará de la tutela o curatela del incapaz en caso que se haya solicitado.

Conviene eliminar tabús en relación a la incapacidad, sabiendo  que tal declaración no elimina la capacidad de actuar del enfermo, sino sólo la complementa jurídicamente. Asimismo, tal declaración no es definitiva, sino que puede ser revocada en caso de cesar los elementos que la justificaron. Se trata simple y llanamente de un procedimiento que vela por la defensa de los legítimos derechos del enfermo y complementa su capacidad con el objetivo de ofrecerle una vida digna.

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