La Ley establece que la administración posee un plazo de 30 días para abonar las facturas a proveedores y contratistas de la administración pública. Como sabemos, en la práctica, pocas veces se cumple con este plazo, lo que en la mayoría de ocasiones está provocando que los proveedores tengan que acudir a vías de financiación bancaria o incluso a procesos concursales, ante la gran tardanza en el abono de las facturas debidamente devengadas. Además, las empresas se ven obligadas a adelantar el IVA de las facturas y esperar sine ....