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martes, 29 de septiembre de 2020  
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Plusvalía: devolución del impuesto con intereses

Desde que el Tribunal Constitucional reconociera en su Sentencia de 11 de mayo de 2017 que las liquidaciones del Impuesto de Plusvalía giradas por los Ayuntamientos españoles eran inconstitucionales en el caso de que el inmueble fuese transmitido por un precio inferior al de adquisición, todos los Juzgados y Tribunales de nuestro país han declarado nulas cientos de liquidaciones. El Tribunal Supremo también se ha pronunciado en distintas ocasiones al respecto de la anulación del Impuesto de Plusvalía, de forma más relevante y reciente en las Sentencias de 9 de julio de 2018  y de 21 de noviembre de 2019, reconociendo en ambas que el impuesto es ilegal cuando se evidencia en la transmisión del inmueble la disminución de su valor y que los valores escriturados son prueba suficiente para acreditar la pérdida del valor (sin que sea necesario aportar prueba pericial al respecto).

Ante la gran afluencia de demandas en los Juzgados que solicitaban la anulación de liquidaciones del Impuesto de Plusvalía, se ha ido asentado una jurisprudencia cada día más consolidada que permite perfilar muchas cuestiones. Una de ellas, quizá la más importante, es la que recoge la Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de octubre de 2019, que mantiene que el Impuesto de Plusvalía es ilegal aún cuando se haya obtenido una mínima o reducida ganancia patrimonial.

Con la declaración de ilegalidad de cada liquidación de Plusvalía y su anulación, se reconoce el derecho del contribuyente a obtener la devolución de importe efectivamente ingresado por dicho impuesto y los intereses de demora generados desde que se realizó el pago hasta que se ordene la devolución.

Tras percatarse que la interpretación que realizaban de la Ley Reguladora de Haciendas Locales no era correcta, los Ayuntamientos han comenzado a seguir diferentes vías de actuación; algunos de ellos están procediendo a devolver las cantidades cuando consideran demostrado que el inmueble ha perdido valor, y otros se acogen a cualquier resquicio para evitar devolver el Impuesto. Por ejemplo, utilizan como parámetro para medir si el valor de un inmueble se ha incrementado el valor catastral del suelo, cuando realmente este método de comparación no está admitido ni por la normativa tributaria ni por la jurisprudencia. Otro de los motivos de negativa más utilizados por los Ayuntamientos para no estimar la devolución del impuesto es no considerar válidos como valor probatorio los precios de adquisición y transmisión del inmueble, y ello pese a que toda la jurisprudencia del país mantiene que las escrituras son prueba válida e irrefutable del valor del bien.

Unive Abogados se pone a su disposición para asesorarle acerca de la aplicación de este impuesto y de sus posibilidades de recuperación de las cantidades indebidamente abonadas.

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