El artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, establece el principio de responsabilidad de la Administración por los daños que cualquier ciudadano sufra como consecuencia de una acción u omisión imputable a la Administración Pública.
Bajo esta premisa, por ejemplo, el deficitario estado de la vías e instalaciones públicas o la mala organización de determinados servicios, podrían generar responsa....